1/8/12

En contra de Obama


UN JUEZ FEDERAL DE COLORADO CONSIDERA QUE VIOLA LA LIBERTAD RELIGIOSA

Primera victoria legal de un empresario católico contra la ley de seguros médicos obligatorios de Obama

William Newland, católico y dueño de la empresa Hercules Industries, ganó la primera batalla judicial contra el mandato abortista de la administración de Barack Obama, una vez que un juez ha dictaminado que esta norma viola su libertad religiosa. El juez federal del tribunal de distrito de Colorado, John L. Kane, suspendió la aplicación de la orden ministerial Health and Human Services (Servicios Humanos y de Salud), en el caso de Hercules Industries debido a que viola la libertad religiosa de los dueños, que son católicos.
02/08/12 2:49 AM | Imprimir | Enviar
(Aica/InfoCatólica) El mandato de la administración Obama busca obligar a todas las empresas e instituciones religiosas a proveer a sus empleados de seguros médicos que incluyan planes anticonceptivos y abortivos.
El juez dijo que aplicar la norma produciría a los propietarios de Hercules Industries –una empresa familiar dedicada a la eficiencia energética y las energías renovables–, un «daño irreparable» desde el punto de vista de su libertad religiosa, derecho fundamental reconocido en la Constitución de Estados Unidos.
Según Matt Bowman, abogado contratado por los dueños de Hercules Industries, la demanda pretendía conseguir «que los burócratas de Washington no puedan forzar a las familias a abandonar su fe para ganarse la vida». «Los americanos no quieren que los políticos y los burócratas decidan quién, dónde y cómo puede vivir su fe», añadió.
Ante esto, el juez señaló que los demandantes sólo «buscan dirigir Hercules en una forma que refleje sus sinceras creencias religiosas». Y alega la jurisprudencia en el sentido de que «es de gran interés público el libre ejercicio de la religión incluso si ese interés puede entrar en conflicto con otros».
Con este fallo, informó Religión en Libertad este martes, Hercules Industries se sustrae temporalmente a las cuantiosas multas que afrontarían por no asegurar a sus 265 empleados de acuerdo al mandato, mientras instancias superiores deciden sobre la constitucionalidad del mismo.

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