Preparan un dossier sobre la asignatura
Profesionales por la Ética solicita entrevistarse con el nuevo ministro de Educación para pedirle el fin de EpC
Ayer tomó posesión el nuevo Gobierno presidido por
Mariano Rajoy. Entre los nombrados se encuentra José Ignacio Wert,
ministro de Educación, Cultura y Deporte. En su mesa se encuentra una
agenda repleta de temas y, desde hoy mismo, un recordatorio: cumplir el
compromiso asumido por el Partido Popular en su programa de poner fin al
conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), que se
imparte (con diferentes nombres) desde Primaria hasta Bachillerato.
(PpE) “Se trata”, explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, “de explicarle porqué EpC constituye una grave anomalía educativa
a la que el nuevo Gobierno debe poner fin cuanto antes. Es una anomalía
porque implica la pretensión del Estado de sustituir a los padres en la
formación de la conciencia de sus hijos. Porque supone una invasión por el poder político de la intimidad de los alumnos y sus familias.
Porque violenta la libertad y la responsabilidad de cada persona de
buscar y descubrir por si misma la verdad y lo que es justo al
imponernos una moral pública común definida unilateralmente desde el
Gobierno de turno”.
Profesionales por la Ética prepara un amplio dossier en el que expone
al ministro la inconstitucionalidad de este conjunto de asignaturas así
como la reacción de numerosos padres que presentaron objeción de
conciencia (55 000) para que sus hijos no las cursaran. “En términos
judiciales”, explica Urcelay, “EpC ha dado lugar a cerca de 3 000 demandas en los tribunales españoles.
En la actualidad son 400 los españoles que esperan sentencia del
Tribunal de Estrasburgo en una demanda contra el Estado por vulneración
de sus derechos como objetores”. Todo ello sin contar
las denuncias de EpC en un total de nueve foros internacionales (OSCE,
Naciones Unidas, Consejo de Europa, Parlamento Europeo…).
Según Urcelay, además de pedirle al ministro el final de este largo
conflicto, que se remonta al año 2006, Profesionales por la Ética quiere tratar con él la situación académica de los alumnos objetores que
actualmente no entran en clase y que, según estimaciones de esta
asociación, ascienden a un millar en toda España, sin contar con los que
fueron objetores en cursos pasados y todavía no han acabado sus
estudios.
“Por último”, explica Urcelay, “nos pondremos a disposición del Gobierno para prestarle la ayuda necesaria con el objetivo de evitar, en el futuro, otros experimentos de adoctrinamiento
educativo estatal que contravienen los derechos fundamentales de padres
y alumnos reconocidos por la Constitución Española y la normativa
internacional”.
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